El asesinato de un líder indígena y una incursión paramilitar en Bahía Solano, en el selvático departamento del Chocó, obligó a más de 900 pobladores nativos a desplazarse de su territorio ante la indefensión en la que viven en ese corredor del Pacífico colombiano.
"Si derramamos más sangre, la tierra también muere", gritaron centenares de indígenas embera durante una manifestación el lunes en El Valle, lugar al que huyeron de los enfrentamientos y amenazas de grupos armados ilegales que se disputan el control de ese territorio clave para el tráfico de drogas.
El Valle, un turístico caserío a 30 minutos por carretera de la cabecera municipal de Bahía Solano, alberga hoy a casi 200 familias desplazadas que piden a las autoridades atención humanitaria.
ACORRALADOS EN SU PROPIA TIERRA
Las comunidades indígenas de esa zona viven acorraladas por narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros que se enfrentan a muerte por el dominio de Bahía Solano, un paraíso costero ubicado sobre la Serranía del Baudó, en la subregión del Pacífico Norte del Chocó.
Bahía Solano, mundialmente reconocido como la sala de parto natural de las ballenas que entre julio y agosto de cada año visitan sus aguas, es también una estratégica zona apetecida por bandas traficantes de drogas por sus salidas al océano Pacífico y su proximidad a la frontera con Panamá.
Las balas intimidan a los habitantes de este destino turístico de 1.667 kilómetros cuadrados, que emprendieron la huida luego de que la Defensoría del Pueblo alertó sobre el avance de un grupo armado, al parecer las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -también conocidas como Clan del Golfo-, en la comunidad indígena de Bacurú Purrú.
El miedo de los pobladores aumentó con el secuestro y posterior asesinato, el pasado 3 de diciembre, de Miguel Tapí Rito, de 59 años, un líder comunitario que en 2019 ejerció como gobernador de los resguardos de El Brazo y Bacurú Purrú.
"Su comunidad lo recuerda como uno de los voceros indígenas más importantes de la zona", explicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) al denunciar el homicidio de Tapí, que fue degollado.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, había advertido recientemente sobre el riesgo que corría la comunidad por la presencia de actores ilegales en esa zona y posteriormente confirmó el desplazamiento masivo de 906 personas que hacen parte de 195 familias, entre ellas cerca de 200 niños.
