El Gobierno y gran parte de los principales movimientos armados de Sudán firmaron este lunes un acuerdo preliminar de paz que supone un paso de gigante para silenciar las armas y consolidar el proceso político de transición que comenzó con el derrocamiento de Omar al Bashir el año pasado.
Movimientos armados integrados en el Frente Revolucionario de Sudán y la Alianza Sudanesa de Jamis Abdalla, y el Gobierno de Sudán se encontraron en Yuba, la capital del vecino Sudán del Sur, para plasmar por escrito los términos de un pacto que llevaban negociando un año.
El primer ministro del Gobierno de Transición sudanés, Abdallá Hamdok, que encabezó el acto junto al presidente del Consejo Soberano sudanés, el general Abdelfatah al Burhan, destacó que la firma del lunes sienta "los cimientos fuertes para construir un Estado sudanés".
Los acuerdos, divididos en cinco procesos independientes en las zonas de Darfur, Kordofán y el Nilo Azul, fueron firmados por líderes de los movimientos armados y el vicepresidente del Consejo Soberano de Sudán, el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, en representación del Gobierno.
Los movimientos de Liberación de Sudán (MLS, Arco Manaui) y Consejo de Transición (MLS, Hadi Idris); Justicia e Igualdad de Gabril Ibrahim y las Fuerzas de Liberación de Sudán (FLS, de Abdalla Ahmed), todos ellos integrados en el Frente Revolucionario, participaron en la firma.
También el movimiento Popular de Liberación de Sudán/Norte, del Frente Revolucionario, y varios miembros de la Alianza Sudanesa, una plataforma de grupos armados y políticos, se adhirieron a los acuerdos, suscritos en presencia del presidente sursudanés, Salva Kiir.
"No se puede conseguir la estabilidad política y el desarrollo sino a través de una paz global, que es la cuestión que fue estipulada en el Documento del Periodo Transitorio para acabar con todos los conflictos prolongados en el país y tratar con sus raíces", indicó Al Burhan.
El Frente Revolucionario surgió en 2011 para confrontar al régimen del derrocado Omar Al Bashir, pero con la caída del dictador, actualmente con varios procesos judiciales abiertos, se abrió un espacio para encontrar una solución política al conflicto que quedó rubricada hoy en una primera instancia.
Hemedti, líder de las Fuerzas de Acción Rápida que nacieron de las milicias de los Yanyauid (Janjaweed), acusadas de crímenes contra la humanidad en Darfur, dijo que la guerra surgió de "la ausencia de la justicia y del reconocimiento de la diversidad cultural, así como la falta del proyecto nacional".
Los acuerdos abarcan un amplio espectro territorial y temático. Contemplan el reconocimiento de los derechos ancestrales de las tribus y la anulación de los derechos de propiedad otorgados mediante usurpación o arrebatados por el anterior régimen de Al Bashir, depuesto en abril del año pasado.
Además, contempla una vuelta al modelo federal y el reconocimiento de capacidades fiscales para las regiones, especialmente Darfur.
También ocupa un lugar destacado el compromiso con el derecho de los desplazados dentro y fuera del país a volver voluntariamente a las tierras de las que fueron expulsados por el conflicto, así como a compensaciones para las víctimas.
También hubo palabras para quienes hoy no participaron en la reunión, específicamente el Movimiento Popular de Abdelaziz al Helu y el Movimiento de Liberación de Sudán de Adelwahid Nur.
"Los estamos esperando, la mayoría de las cuestiones fueron abordadas y deberían unirse a esta paz, para eso trabajamos con todo el esfuerzo para negociar con ellos para llegar un acuerdo de paz global", enfatizó Hamdok.
El primer ministro llamó a todos a abrir "un nuevo capítulo entre el Estado y la sociedad a través de reconocer los errores".
El Gobierno de Transición recibió el mandato en septiembre del año pasado de consumar un acuerdo de paz con los grupos armados con el fin de incorporarlos a la vida política y al Parlamento, que aún no se ha formado y en el que tendrán un número de escaños asignados.
El proceso de paz afecta fundamentalmente a la zona de Darfur, una zona duramente castigada por la violencia de un conflicto que explotó en 2003 y que ha causado al menos 300,000 muertos así como todo tipo de violaciones de los derechos humanos.
