Un tribunal de Tailandia puso bajo prisión preventiva este jueves a dos de los organizadores de las manifestaciones estudiantiles que se han convocado durante las últimas semanas para exigir reformas democráticas y constitucionales en el país.
El juez retiró la libertad bajo fianza a Anon Nampa, abogado y activista, y Panupong Jadnok, estudiante, concedida poco después de haber sido detenidos el 7 de agosto bajo las acusaciones de violar el decreto de estado de emergencia impuesto por el Gobierno para combatir la pandemia y del delito de sedición, entre otras, al organizar varias protestas desde el 18 de julio.
La corte decidió encarcelarlos por considerar que habían violado las condiciones de su libertad provisional al organizar nuevas protestas y les ofreció la posibilidad de recurrir el fallo, pero Anon y Panupong renunciaron a su derecho de apelación, según la organización Thai Lawyers for Human Rights, que se ocupa de su defensa.
"Ha sido un placer compartir la lucha con todos vosotros. Hemos llegado muy lejos y debemos avanzar con valentía. Creo que emprendimos el camino adecuado y confío en todos los compañeros", escribió Anon en un mensaje divulgado por Thai Lawyers for Human Rights antes de ser llevado a la cárcel, dónde Anon y Panupong podrían pasar hasta 48 días en prisión preventiva.
Otros 12 organizadores de las protestas casi diarias han sido detenidos desde el pasado 7 de agosto y se enfrentan a los mismos cargos que Anon y Panupong, que conllevan hasta siete años de cárcel, aunque todos ellos han sido puestos en libertad bajo fianza.
El movimiento estudiantil reclama que se limite el poder de los militares, que han tomado el poder en 13 golpes de Estado desde la abolición de la monarquía absoluta en 1932.
En este sentido, el principal objetivo de las protestas es el primer ministro tailandés, Prayut Chan-ocha, que encabezó el golpe militar de 2014 y que fue elegido jefe del Gobierno en unas elecciones en 2019 que han sido calificadas de poco transparentes.
Las movilizaciones, cuyo epicentro son universidades de todo el país y que se han extendido a los institutos, han roto el mayor tabú de la política tailandesa y han puesto sobre la mesa el debate sobre el poder que debe tener la monarquía.
En Tailandia, la monarquía está protegida por una estricta ley de lesa majestad que prescribe penas de hasta 15 años de cárcel para quien insulte a la institución o sus miembros.
