Un mes después de que el Gobierno español pidiera el cierre de los prostíbulos como medida para frenar la expansión del coronavirus, la gran mayoría permanecen abiertos amparándose en un limbo legal que les permite presentarse como hoteles u hostales, sin que les afecte las restricciones impuestas a otro tipo de establecimientos como los de ocio nocturno.
De las 17 comunidades autónomas españolas, solo cuatro (Cataluña, Castilla La Mancha, País Vasco y Murcia) han logrado echar el cerrojo de estos locales, que se calculan en unos 2,000 en todo el país, a menudo camuflados bajo distintas denominaciones.
La prostitución, que no está ni prohibida ni permitida en España, mueve cerca de 18,000 millones de euros anuales --asegura el observatorio internacional de lucha contra la prostitución "Fundación Scelles", según el cual entre el 20 y el 40% de los hombres españoles reconoce haber pagado por sexo.
Un negocio lucrativo para mafias y proxenetas, que involucra a entre 300.000 y 500.000 mujeres en España, según las estimaciones más altas, y donde una inmensa mayoría de ellas ha sido víctima de trata.
