Acusa PAN en el Senado que reforma en comisiones no quita el fuero

Acusa PAN en el Senado que reforma en comisiones no quita el fuero
EL UNIVERSAL / EL TIEMPO

Dice que se verá este miércoles 30 de septiembre si se vota el proyecto.

En los cien compromisos de gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, el número 56 plantea "reformar el artículo 108 de la Constitución con el fin de quitarle el fuero al Presidente".
En caso de que avance esta propuesta sumarían 38 artículos de la Constitución modificados en lo que va del sexenio, y 731 reformas a la Carta Magna, desde su promulgación en 1917.
Esta materia, de hecho, fue la primera iniciativa de reformas a la Constitución que envió Andrés Manuel López Obrador, y la depositó en el Senado, el 4 de diciembre de 2018, y esta cámara agregó a los legisladores federales como sujetos de delitos graves, como el Presidente, el 27 de marzo de 2019.
Sin embargo, la Cámara de Diputados, en su revisión, el 29 de octubre de 2019, retiró a los legisladores federales de la modificación y devolvió el proyecto de decreto al Senado, que reafirmó su decisión el 3 de diciembre de 2019, y así abortó la propuesta presidencial.
El artículo 108 de la Constitución establece que "el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común".
La primera propuesta de reforma, del 4 de diciembre de 2018, por parte de López Obrador, modifica el enunciado de delitos graves del orden común, por "actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 de esta Constitución".
A este proyecto, los senadores agregaron que "los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión podrán ser imputados y juzgados", como el Presidente.
La reforma incluye un cambio al artículo 111 Constitucional, en el que se establece que "para proceder penalmente" contra el Presidente habrá que acusarlo ante el Senado, como estableció el Constituyente de Querétaro, en lo que se considera fuero presidencial.
El nuevo proyecto, que primero pasó por la Cámara de Diputados, y revisa ahora el Senado señala como nuevo artículo 108, que "durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana".
Indira de Jesús Rosales San Román afirma que "este segundo intento de reforma, todos sabemos que no es Fuero, es ampliación de delitos por los cuales podría iniciarse un Juicio de Procedencia en el Senado".
Define que "quitarle el Fuero al Presidente sería que no tuviera que venir al Senado sino al Ministerio Público" para que se iniciara la investigación de un caso en su contra.
"Esto no elimina el fuero. Es importante que técnicamente lo tengamos claro", y se trata de un tema en el que hemos estado de acuerdo en comisiones y en el pleno en dos ocasiones.
La divergencia entre el Senado y la Cámara de Diputados consiste en que en San Lázaro se rechazó que se incluya a los legisladores federales, junto con el Presidente de la República, en los delitos por los cuales se puede emitir una Declaración de Procedencia.
El 27 de marzo de 2019, los senadores aprobaron los delitos graves para llevar a juicio al Presidente, diputados y senadores, por 111 votos a favor y uno en contra.
Los diputados rechazaron esta reforma, el 29 de octubre de 2019, por 420 votos a favor.
Hubo un choque de las cámaras, pocas veces visto en una reforma constitucional iniciada por el Ejecutivo federal, pues el 3 de diciembre de 2019, el Senado ratificó su voluntad con 97 votos.
Siete senadores de Morena movieron su decisión respecto de su anterior voluntad de enriquecer el decreto de manera unánime: Tres votaron a favor de la propuesta original del Ejecutivo (Martí Batres Guadarrama, Gerardo Novelo Acevedo y Antares Vázquez Alatorre), y cuatro en abstención (Merced González, Citlalli Hernández, Blanca Estela Piña Gudiño y Ana Lilia Rivera).
En la primera y la segunda ocasiones, Emilio Álvarez Icaza, sin bancada, se pronunció contra el proyecto de decreto que defendía la gran mayoría senatorial.
El 25 de agosto pasado, López Obrador pidió que la segunda iniciativa en esta materia fuera el primer asunto que aprobaran los diputados, lo cual ocurrió el 2 de septiembre con 420 votos a favor y 15 abstenciones.
Ahora, en el Senado, el proyecto de dictamen que interesa al Presidente es el primero en el que se ocupa la Comisión de Puntos Constitucionales, bajo la conducción de Cristóbal Arias Solís, la cual se reunió la semana pasada y reanudará la revisión del proyecto este miércoles.
La senadora Rosales San Román dice que "desde la iniciativa del Presidente, de diciembre de 2018, en marzo del año pasado en el Senado estuvimos todos de acuerdo en agregar a los legisladores, y la Cámara de Diputados los quita, porque al Presidente se le da la gana".
En diciembre volvimos a incluir la adición, y la reforma, por reglas parlamentarias, quedó sin validez.
Rosales San Román remarca: "Llama mi atención que aun a pesar de que lo hemos manifestado durante ya casi dos años, se nos regrese una minuta, y el Presidente insista en enviar una iniciativa en la que no incluya a los legisladores".
Previene que el tema "es una trampa, un engaño", junto" con "esta necedad de que las cosas sean de cierta forma, es contrario a la democracia, un principio muy básico de división de poderes y respeto".
Dice que se verá este miércoles 30 de septiembre si se vota el proyecto, que es el mismo del 4 de diciembre de 2018, o se suspende y se sigue abriendo el debate".

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