En un intercambio de correos de agosto, Mulvaney le pidió a Russell Vought, una actualización sobre el fundamento legal para retener la ayuda a Ucrania y qué tanto podía demorarseVANGUARDIA / EL TIEMPO
ESTADOS UNIDOS.- La Casa Blanca emprendió una revisión confidencial de documentos que reveló amplios esfuerzos por generar una justificación post facto a la decisión del presidente Donald Trump de retener ayuda militar a Ucrania, reportó el domingo The Washington Post.
El diario, que citó a tres personas con conocimiento de los registros, señaló que la Oficina del Asesor Legal de la Casa Blanca realizó la revisión. Entre los cientos de documentos se encontraron intercambios de correos electrónicos entre el jefe interino de despacho Mick Mulvaney y funcionarios presupuestales de la Casa Blanca para buscar la manera de dar una explicación a la retención de casi 400 millones de dólares en asistencia de seguridad.
Una persona con conocimiento de la evaluación de registros señaló que abogados de la Casa Blanca han expresado su preocupación de que la revisión revele algunos intercambios perjudiciales y posiblemente vergonzosos, según el diario.
Pero se desconoce si los registros representan algún problema legal para Trump. El periódico indicó que las tres fuentes hablaron a condición de guardar el anonimato a fin de revelar deliberaciones internas de la Casa Blanca.
La oficina de Pat Cipollone, asesor legal de la Casa Blanca, supervisó la revisión de registros. En un intercambio de correos electrónicos a principios de agosto, Mulvaney le pidió a Russell Vought, director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus iniciales en inglés), una actualización sobre el fundamento legal para retener la ayuda a Ucrania y qué tanto podía demorarse.
Los correos electrónicos revelan que Vought y personal del OMB conversaron sobre la legalidad de la retención de recursos mientras que funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado protestaban. La ayuda finalmente se liberó el 11 de septiembre.
Rachel Semmel, portavoz de la OMB, dijo al Post que se siguieron prácticas y procedimientos de rutina y “había consenso legal en cada paso del camino de que pudiera retenerse el dinero para realizar la revisión de políticas”.
