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[quote]“El jurídico Alain ya torció la ley al estar como funcionario público y a su vez litigando a libre goce, con pruebas puedo asegurar que está faltando a la ley al recibir y atender demandas civiles en la Presidencia Municipal”, aclaró Ramiro Liñán[/quote]
VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERAFRONTERA, COAH.-El apoderado Jurídico del Ayuntamiento, Alain Obed Mendoza Peña, debe ser destituido cuanto antes; así lo demandó el Regidor Ramiro Liñán, al señalar que el funcionario utiliza las oficinas municipales como despacho personal.
Afirmó que como funcionario público, está violando el artículo 7 del tercer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública; en el cual se establece que los servidores públicos deberán abstenerse de prestar servicios profesionales independientes cuando ello implique conflictos de intereses con los de cualquier rama de la administración pública.
Además señala que los abogados sólo podrán ejercer en el Estado en causa propia, de su cónyuge, concubina o de parientes consanguíneos.
“Pero el Jurídico Alain, ya torció la ley al estar como funcionario público y a su vez litigando a libre goce, con pruebas puedo asegurar que está faltando a la ley, al recibir a atender demandas civiles en la Presidencia Municipal”, aclaró.
La prueba está en el expediente 9321/2017 en la que se hace la contestación de una demanda de juicio ordinario civil donde se autoriza al abogado Alain Obed Mendoza Peña para tal efecto. En este mismo se señala el domicilio Presidente Carranza número 317 de la Zona Centro para recepción de documentos y notificaciones.
Respecto a las irregularidades en que está incurriendo el Jurídico del Ayuntamiento, el Regidor Ramiro Liñán, dijo que aprovechó la sesión de cabildo para exponer la situación y pedir al Alcalde Florencio Siller Linaje se actué en consecuencia.
“Debe ser destituido, se tiene que ejercer acción las cosas no se pueden quedar así como están, la ley le prohíbe litigar sin embargo lo está haciendo y debe ser sancionado”.
Añadió que al artículo 396 del Código Penal vigente en el Estado de Coahuila, manifiesta que se impondrá de uno a dos años de prisión, de cien a doscientos días de multa, destitución e inhabilitación de seis a doce años para desempeñar un cargo público a quien viole la ley en mención.
