Ciudad de México.- El memorando firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el que se echa abajo la reforma educativa aprobada el sexeno pasado, pone en riesgo el derecho a la educación en el país, enfatizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Esta tarde el organismo nacional dio a conocer su posición sobre la decisión del mandatario federal.
Agregó que las autoridades federales que acaten la indicación de López Obrador –de dejar “sin efecto las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la reforma educativa”— actuarían al margen o fuera de las normas y propiciarían actuaciones discrecionales.
“La instrucción dada en el sentido de dejar de aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución y las normas, modifica y acota los términos y condiciones en que el derecho a la educación puede ser vigente, generando el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto las autoridades estarían actuando al margen o fuera de las normas, dejando sin efecto garantías institucionales y propiciando actuaciones discrecionales”, subrayó la CNDH.
Y agregó: “Nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política”.
Remarcó que si el marco normativo vigente en materia educativa no resultara adecuado, “corresponde al poder revisor de la Constitución o en su caso al Poder Legislativo realizar las adecuaciones conducentes, asumiendo como premisa básica de actuación la vigencia efectiva de tal derecho y la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes”.
Además, indicó, existen instancias encargadas de la administración e impartición de justicia, a las cuales corresponderá decidir, en definitiva, sobre la legalidad y justicia de normas, hechos y casos que se pongan a su conocimiento. “La ley, la educación y la vigencia de los demás derechos humanos, no puede ser botín o moneda de cambio ante intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole”.
La CNDH resaltó que la educación es un derecho humano fundamental que se encuentra reconocido en la Constitución y por diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo que es una obligación del Estado mexicano hacerlo efectivo y garantizar que los mexicanos tengan acceso a una educación de calidad sostenible.
“Con independencia de coyunturas políticas o diferendos ideológicos, es preciso que el Estado cumpla con su obligación y proteja efectivamente este derecho, dando certidumbre sobre los términos y condiciones en que el mismo se hará vigente y podrá ser exigible, máxime que son las niñas, niños y adolescentes los principales beneficiarios del mismo, por lo que cualquier acción que se emprenda en este ámbito, también debe tomar como premisa de ponderación, la defensa del interés superior que les asiste”, destacó.
Con base en estos argumentos, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez, exhortó respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que “en cumplimiento a la protesta que hizo al asumir el cargo, así como a las obligaciones constitucionales inherentes al mismo, rectifique las instrucciones que ha girado y considerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, emprenda las acciones conducentes, en el marco de la ley, para hacer vigente y garantizar debidamente el que el derecho a la educación sea una realidad en el país”.
