VANGUARDIA / EL TIEMPO
Ciudad de México.– Las mil 469 páginas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado sobre las gestiones de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) muestran que, de 2013 a 2016, hubo un posible daño al erario por 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos.
La defensa por la que optó Robles Berlanga fue declarar que en ningún documento relacionado con el mal uso de dinero público está su firma. Aunque en una de las auditorías de 2015 se constata que autorizó los manuales de Organización y de Procedimientos de las direcciones generales de Programación y Presupuesto y de Recursos Materiales, áreas clave en la operación y control de contratos.
Además, ha asegurado que todas las contrataciones y convenios tanto de Sedesol como de Sedatu son legales, ya que se han hecho “bajo el amparo” del Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. No obstante, la Auditoría observó una y otra vez que se establecían con universidades públicas o tecnológicos, que a su vez subcontrataban a empresas más del 49 por ciento permitido, y sin que contaran con la capacidad técnica y humana para prestar el servicio requerido.
“Entiendo que han dicho que el Presidente electo [Andrés Manuel López Obrador] no me perdonará. Yo no pido el perdón de nadie. No tengo absolutamente nada que temer, ni nada que esconder. A mí que se me investigue hasta por debajo de las piedras”, aseveró en una conferencia de prensa del 11 de septiembre pasado.
El total de auditorías, revisadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo, testifica que durante su estancia al frente de la Sedesol (2013-agosto 2015), hubo dudas por 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos. Y en la Sedatu –hasta el momento únicamente observaciones de 2016– dudas por 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos.
A 48 días del término del sexenio de Enrique Peña Nieto, la funcionaria es uno de los personajes más polémicos, junto con el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, y quien fungió como Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Santiago Nieto Castillo, abogado y futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que considerando el delito de comisión por omisión, Robles “tiene calidad de garante, por ello es responsable penalmente”. Es decir, sobre ella recae no haber evitado las irregularidades reiteradas que el órgano fiscalizador señaló durante cuatro años, aunque podía y era su deber jurídico.
Está documentado por la ASF que durante el periodo de gestión de Rosario Robles Berlanga se realizaron adjudicaciones directas de Sedesol y Sedatu a universidades públicas como la de Morelos, Estado de México, Chiapas o institutos de educación para diversos servicios, a pesar de que no poseen la capacidad técnica, material ni humana para cumplir con lo contratado.
Dichas instancias pagaban a terceros por los servicios, lo que generaba sobrecostos o en otros casos no se contó con la evidencia de la realización por parte de los proveedores. Algunas empresas no fueron localizadas y de otras se presume su vinculación con actos irregulares, concluyó la ASF.
Robles ha insistido en que no está comprobado, no hay vínculo con su persona o lo solventaron con entregables. “Seguimos hablando de auditorías que han pasado, que han sido superadas”, declaró en la conferencia.
De acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, el caso de Rosario Robles tiene un patrón similar al de otros igual de polémicos tejidos con redes de corrupción muy parecidas que se pueden observar, por ejemplo, con las constructoras OHL México u Odebrecht, señaladas de entregar sobornos a funcionarios públicos.
“El hecho de que alguien hoy diga ‘mi firma no está ahí’ es un indicador muy claro de algo que se perdió de vista: quizá la característica más importante de la gran corrupción es la simulación
[…] Es importante fortalecer las policías de investigación, todas las instancias de procuración de justicia para que se realicen investigaciones. Hay que ir mucho más allá”, planteó.
Pero, coincidió con Nieto, el hecho de que no esté la firma de Rosario Robles en esos documentos no le quita responsabilidad.
“Hay que ahondar en esas investigaciones, hacia abajo en la cadena y hacia arriba para ver quién autorizó, por qué y si tenía facultades.
También ver qué ocurría en ese momento, si había elecciones o no había, ver a dónde fue a dar ese dinero. Luego todo un equipo tendría que tomar ese caso, pero no hay algo así en este país; no tenemos una policía de investigación seria que se ocupe de esos asuntos con el nivel de detalle, seriedad y profesionalización que se requiere, que nos permita ver cuál fue la responsabilidad de cada una de las personas involucradas, más allá de que hayan puesto su firma o no”, comentó en entrevista.
Otro ejemplo es Luis Videgaray, quien como Secretario de Hacienda decía que no firmaba contratos o autorizaba contratos en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Y sí, es cierto. Pero es de nueva cuenta la apariencia de legalidad, porque él era el Presidente del Consejo de Administración del Consejo Directivo de Banobras y él tenía que presidir todas aquellas reuniones en las que se aprobaban contratos por ciertos montos.
“Entonces lo que hizo fue crear comités –muchos al margen de la ley– para que no pasaran por el Consejo Directivo, sino que esos actos se aprobaran en un comité delegado del Consejo Directivo. Eso es completamente ilegal, son las cosas que hay que empezar a ver, porque si aceptamos el argumento del ‘yo no firmé’ tendremos un análisis incompleto”, reiteró Díez.
Sobre Ruiz Esparza, el abogado Díez, quien ha seguido durante años el caso de OHL México, aseguró que “todo es una simulación y es lo que tenemos que romper. No nos podemos quedar con que no está su firma. Es tanto como creerle a Ruiz Esparza que niega todo categóricamente y que piensa que eso es suficiente. Se tiene que hacer un análisis fuerte”.
Robles debe comparecer ante el Congreso de la Unión este martes 16 de octubre. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, prevé que “la Secretaria Robles insistirá en la legalidad de sus actos y una autoridad investigadora tendrá que comprobar su dicho”.
“Históricamente la responsabilidad administrativa se ha asignado solo a los funcionarios que firman los documentos. Ni las contralorías, ni los auditores externos han logrado establecer los casos en los que los funcionarios han recibido instrucciones superiores o son parte de una red de corrupción”, expuso.
La organización Transparencia Mexicana ha insistido desde hace más de dos décadas en que se necesita un mecanismo de protección a los informantes dentro de una red de corrupción. “La única forma en que se han detectado las redes de corrupción en América Latina ha sido a través de mecanismos de ‘delación premiada’ en los que los integrantes de menor rango informan qué fue lo que les pidió un superior jerárquico a cambio de una reducción en las penas”, dijo.
A mediados de septiembre, los senadores Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel Villegas Canché presentaron basados en las auditorías una iniciativa de reforma para el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para frenar actos de corrupción.
La sociedad civil ha exigido por años una nueva Ley General de Adquisiciones y una nueva Ley General de Obras. Hay más de 110 formas de venderle al Estado, expuso Bohórquez. “Eso genera ineficiencia, falta de competitividad, pero también corrupción”, planteó.
