AGENCIAS / EL TIEMPO
CALIFORNIA, EU.- California se declaró como un "estado santuario", luego que el Gobernador Jerry Brown firmara una ley para ampliar las protecciones para los migrantes que se encuentran en Estados Unidos sin papeles. "Son tiempos inciertos para los californianos sin documentos y sus familias", señaló Brown en su mensaje al dar el visto bueno a la normativa. "Esta ley encuentra un punto intermedio que protegerá la seguridad pública mientras aporta una medida de consuelo para aquellas familias que están ahora viviendo con miedo cada día", dijo. La Ley SB 54 fue aprobada por el Senado y la Asamblea del estado en septiembre y extiende a nivel estatal, eliminando casi por completo los casos en los que las autoridades locales y estatales pueden dedicar recursos a labores de migración, una competencia federal. Las llamadas ciudades santuario son aquellas que decidieron no colaborar de manera municipal con el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la persecución de migrantes en situación irregular. Con la nueva medida, los agentes locales y estatales no podrán investigar, interrogar o detener a personas en California sólo porque sospechen que son migrantes indocumentados. La propuesta inicial de la ley se modificó tras un acuerdo entre los líderes parlamentarios y el Gobernador, con el fin de ofrecer más autonomía a la Policía y a los cuerpos de alguaciles, incluyendo a los responsables de la seguridad en las prisiones. Se estima que hay más de 2 millones de migrantes residentes en California que no tienen su documento en regla. Las leyes en favor de ciudades santuario han alcanzado un gran impulso después de la llegada del Presidente Donald Trump a la Casa Blanca, cuya campaña electoral se basó en un polémico y duro discurso contra la migración. Por otra paret, el Fiscal General de EU, Jeff Sessions, criticó en varias ocasiones las medidas "santuario" y aseguró en septiembre que si otras ciudades adoptan las legislaciones de este tipo se convertirán en aliados de criminales por negarse a informar al Gobierno sobre el estatus de personas puedan ser liberadas tras pasar por la cárcel. En varias ocasiones el Fiscal General ha amenazado con recortar los fondos federales de estas ciudades, sin embargo, un juez en Chicago bloqueó el mes pasado un intento de Sessions luego de considerar que éste excedió su autoridad. El magistrado consideró que Sessions trató de modificar los estándares para la concesión de una subvención destinada a los departamentos policiales
