Se ‘agarran’ PRI e INE

[quote]PRI impugna dictamen del INE sobre gastos de campaña INE sostiene que se apegó a norma vigente en fiscalización de comicios[/quote]

Mientras que la Coalición por un Coahuila Seguro presentó un recurso de impugnación en contra del dictamen del Consejo General del INE sobre los informes de gastos de campaña, el Instituto Nacional Electoral asegura actuó con apego a la norma vigente y a las atribuciones en la materia en el proceso de fiscalización de los comicios en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

A nombre de la Coalición Por un Coahuila Seguro, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional presentó ayer martes un recurso de impugnación en contra del dictamen del Consejo General del INE "sobre los informes de gastos de campaña" relativos a las elecciones del pasado 4 de junio en la entidad.

Según el PRI, el INE "aplicó las reglas equivocadas al fiscalizar los recursos lo que el partido califica de ‘sumamente grave', y estaría dejando sin efecto todas las resoluciones que dicha autoridad tomó al respecto.

En un comunicado oficial emitido este martes, el tricolor expresa que la determinación del rebase en gastos de campaña es ilegal porque se sustentó en una norma no vigente, pues las reformas en que se basan nunca fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor ni fueron notificadas a los partidos políticos.

Señala que los artículos 46 bis, párrafo 2,  y el 143, párrafo 1, inciso d, son producto de reformas o adiciones al Reglamento de Fiscalización que no se emitieron en el órgano oficial; según su dirigente Enrique Ochoa Reza, toda norma jurídica tiene un proceso, un proceso de presentación, discusión, aprobación, publicación y entrada en vigor, lo que incluso se incluye como leyenda en estas reformas en particular.

"Con ello, las nuevas reglas quedarían promulgadas, producirían efectos ante terceros y se daría certeza sobre su contenido. El problema es que el INE omitió esta importante parte del proceso".

El PRI señala otras inconsistencias ante el Tribunal Electoral como el hecho de que "no se cumplieron los plazos establecidos en la ley para el proceso de fiscalización" y "no se garantizó el derecho de audiencia que nos corresponde conforme a la Ley".

El Revolucionario Institucional alega que además no se cumplió con el principio de certeza debido a la cantidad de modificaciones que sufrió el dictamen de la Unidad de Fiscalización; reitera que la cantidad de 600 mil pesos que afirman da sustento al dictamen del INE está ya subsanada con pruebas de su aplicación que se presentaron en tiempo y forma.

Al respecto, el Instituto Nacional Electoral consideró que actuó con apego a la norma vigente y a las atribuciones en la materia en el proceso de fiscalización de los comicios en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

A través de un comunicado de prensa, el Instituto señala que “El Consejo General del INE analizó y aprobó los dictámenes y resoluciones derivados de la revisión de los ingresos y gastos de campaña de candidatos y partidos políticos, a través de una deliberación pública, abierta y transparente, con apego a las atribuciones y responsabilidades que en materia de fiscalización le confieren la Ley y en atención a la normatividad vigente”.

El INE consideró que “los partidos y actores políticos tienen derecho a impugnar ante el TEPJF cualquier decisión del INE, para lo cual deben seguir los canales previstos en la Constitución y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”.

Asimismo, el árbitro electoral sostuvo que acatará las sentencias que emita el Tribunal Electoral, cuyos fallos son definitivos e inatacables.

“Nunca fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación ni notificados a los partidos políticos… La falta de publicación de la norma convierte en ilegal todo el proceso de fiscalización del INE”

“Los partidos y actores políticos tienen derecho a impugnar ante el TEPJF cualquier decisión del INE, para lo cual deben seguir los canales previstos en la Constitución y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”.

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