HERMOSILLO, SONORA.- La Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora impugnó ante un Tribunal de Circuito Colegiado, el fallo del juez Segundo de Distrito que benefició al exmandatario panista Guillermo Padrés Elías, al considerar como ilegal la creación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, que lo investiga por un probable enriquecimiento ilícito y desfalco al erario público durante su sexenio.
En un comunicado de prensa, la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, advierte que el pasado jueves 30 de marzo, interpuso un recurso de revisión al considerar ilegal la resolución emitida por el juez Manuel Hiram Rivera, respecto al amparo con número de expediente 628/2016-III que promovió la defensa del exgobernador Padrés, quien actualmente se encuentra preso en un reclusorio de la Ciudad de México donde enfrenta un juicio por los delitos del fuero federal de lavado de dinero, aviación fiscal y delincuencia organizada.
"La Consejería del Gobierno de Sonora, impugnó el fallo emitido por el juez Segundo de Distrito al considerar que sus argumentaciones son ilegales y contrarias a diversas disposiciones constitucionales, pronunciándose indebidamente al declarar inconstitucional la facultad reglamentaria que creó la Fiscalía Anticorrupción; el Recurso de Revisión fue interpuesto con objeto de que el Tribunal Colegiado de Circuito, conozca el proceder ilegal del Juez, al emitir una resolución apartada de los principios de constitucionalidad y legalidad que estaba obligado a observar al momento de dictar sentencia", señaló el Ejecutivo Estatal en un boletín.
Fue en septiembre del 2015, cuando la gobernadora Pavlovich emitió un decreto para crear la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción, donde un Ministerio Público Especializado inició una averiguación previa contra el exmandatario panista por enriquecimiento ilícito; además que a la fecha existen 360 expedientes judiciales en trámite con 99 carpetas de investigación que involucran como probables responsables a 785 personas, incluyendo a familiares, contratistas, políticos de PAN y todos los ex funcionarios de primer nivel como Secretarios de Estado y Directores de Área.
