VANGUARDIA/EL TIEMPO
Además de costoso para el erario, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ha sido cuestionado y al no resolverse aún impugnaciones de las 3 elecciones: gobernador, alcaldes y diputados, continúa en el ojo del huracán.
Tan sólo en sueldos, el Consejo General del IEC, integrado por 7 consejeros electorales, sus asistentes y asesores tienen actualmente un costo anual de más de 17 millones 519 mil pesos, sumando en total 120 millones de pesos, incluyendo el personal de planta, además del eventual.
Los siete consejeros electorales son: Gabriela de León Farías, presidenta, Gustavo Alberto Espinosa Padrón, Karla Verónica Félix Neira, René de la Garza Giacomán, Alejandro González Estrada, María de los Ángeles López Martínez y Larissa Ruth Pineda Díaz.
Cada uno de los consejeros electorales tiene un sueldo de 132 mil 574 pesos mensuales, de acuerdo con los salarios publicados en su portal de transparencia, por lo cual tienen un costo al erario de 928 mil pesos mensuales y 11 millones 136 mil pesos anuales.
Sin embargo, cada uno de los consejeros aparecen en el organigrama del IEC con derecho a 2 asesores, uno fijo y uno eventual, el asesor fijo tiene un sueldo de 27 mil 546 pesos, mientras que del asesor eventual no se especifica el monto, pero considerando las funciones, debería ser igual.
De esta manera los consejeros tienen un gasto de 330 mil 552 mil pesos mensuales tan sólo en asesores, mientras que este costo sería de casi 4 millones de pesos anuales.
Pero en el caso de la presidencia del IEC, es decir, Gabriela de León, el personal directamente a su cargo se compone por un secretario particular que gana 51 mil 148 pesos mensuales, el mismo sueldo para su coordinadora de relaciones públicas, así como 2 asesores, uno con sueldo de 41 mil 470 pesos y otro ganando 38 mil 612 pesos, sin contar un asistente de 18 mil 986 pesos mensuales.
La presidencia del IEC tiene a su cargo personal que cuesta cada mes al erario 201 mil 364 pesos, que se convierten en 2 millones 416 mil pesos anuales, sin contar el salario de la presidenta.
Aunado a lo costoso que representa para el erario, algunos de los consejeros electorales han sido cuestionados por su desempeño y por sus relaciones con partidos políticos.
